Solvencia en licitaciones: cómo acreditarla según la LCSP | Tendios

La solvencia es el filtro que determina si una empresa puede participar en una licitación pública. La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) exige que los licitadores acrediten, por un lado, su capacidad económica y financiera para asumir el contrato y, por otro, su experiencia técnica o profesional para ejecutarlo correctamente.

Muchas empresas no son excluidas por presentar una oferta débil, sino por errores concretos en la documentación de solvencia: datos del período incorrecto, importes insuficientes o medios de acreditación que no responden a lo exigido en el pliego. Este artículo explica el marco legal completo y los errores que con más frecuencia generan exclusiones evitables.

Qué es la solvencia en contratación pública y qué la regula

La solvencia no es lo mismo que la capacidad de obrar. La capacidad de obrar (arts. 65-73 LCSP) determina si una empresa puede contratar con la Administración; la solvencia (arts. 74-90 LCSP) determina si tiene la aptitud técnica y económica suficiente para ejecutar ese contrato concreto.

El artículo 74 de la LCSP establece el principio de proporcionalidad: los requisitos de solvencia deben estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionados a su naturaleza, cuantía y complejidad. Un requisito de solvencia desproporcionado puede ser impugnado mediante recurso especial en materia de contratación, precisamente porque restringe artificialmente la competencia.

Los medios de acreditación admisibles se especifican en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), dentro de los que la ley permite. El licitador no puede elegir libremente el medio: debe usar los que el pliego indique.

Solvencia económica y financiera: qué se exige y cómo acreditarla

El artículo 86 de la LCSP regula los medios de acreditación de la solvencia económica y financiera. Los más habituales en la práctica son:

Volumen de negocios anual. El medio más frecuente. El pliego fija un umbral mínimo de facturación y el licitador debe acreditarlo mediante declaración responsable y, si se le requiere, con las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Cuentas anuales. La presentación de las cuentas anuales de los últimos ejercicios permite al órgano de contratación verificar el balance, los fondos propios y la situación financiera general de la empresa.

Seguro de indemnización por riesgos profesionales. En determinados contratos, la póliza de seguro de responsabilidad civil puede ser el medio exigido para acreditar que la empresa puede responder ante eventuales daños derivados de la ejecución.

El límite del doble del valor estimado

El artículo 86.2 de la LCSP establece una limitación importante: en los contratos de servicios y suministros, el umbral mínimo de volumen de negocios anual exigido no puede superar el doble del valor estimado del contrato, salvo en casos justificados que se reflejen motivadamente en los pliegos.

Esta regla protege la competencia y está en línea con la Directiva 2014/24/UE. Para el licitador, es relevante en sentido inverso: si tu facturación anual es inferior al umbral mínimo exigido en el pliego, quedarás excluido del procedimiento.

Solvencia técnica y profesional: períodos y documentos por tipo de contrato

La solvencia técnica varía según el tipo de contrato y el período de referencia aplicable. Este es uno de los puntos donde más errores se cometen.

Contratos de servicios (art. 89 LCSP)

El medio de acreditación principal es la relación de los principales servicios realizados en los últimos tres años, con indicación del importe, la fecha y el destinatario público o privado. La exigencia de que sea la lista de los tres últimos años es imperativa: incluir contratos anteriores a ese período sin que el pliego lo autorice expresamente puede derivar en exclusión.

Contratos de obras (art. 87 LCSP)

Para obras, el plazo de referencia ordinario fijado en el artículo 87 de la LCSP es de los últimos cinco años, mediante una relación de obras ejecutadas avalada por certificados de buena ejecución. Este período de cinco años se aplica a la acreditación individual de solvencia técnica en el procedimiento de licitación.

Distinto es el caso de la clasificación empresarial: la Orden HAC/34/2026, de 21 de enero, extiende el período de referencia a diez años para determinados subgrupos de clasificación con bajo volumen de obra licitada, pero únicamente a efectos de acreditar la experiencia en el procedimiento de clasificación o revisión de clasificación, no para la acreditación individual de solvencia en un contrato concreto.

Contratos de suministros (art. 88 LCSP)

En suministros, la lista de principales entregas realizadas cubre los últimos cinco años, con indicación de importes, fechas y destinatarios. En función del pliego, puede exigirse también la mención de si las entregas fueron a organismos públicos o entidades privadas.

La clasificación empresarial como alternativa a la acreditación de solvencia

La clasificación empresarial es una acreditación oficial de la solvencia económica y técnica de una empresa para ejecutar un determinado tipo de contrato público. Se organiza en grupos, subgrupos y categorías según el Real Decreto 1098/2001, y se gestiona a través del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Para contratos de obras de las Administraciones Públicas con valor estimado igual o superior a 500.000 euros, el artículo 77.1.a de la LCSP exige que el empresario esté debidamente clasificado. En ese caso, la clasificación sustituye a la acreditación individual de solvencia técnica y económica: no es necesario aportar los documentos de los arts. 87 y 86 LCSP.

Para contratos de servicios, la clasificación puede también funcionar como medio alternativo de acreditación cuando el pliego así lo establezca, aunque su exigencia no es obligatoria con carácter general en servicios como sí lo es en obras.

La empresa clasificada debe verificar, antes de presentar la oferta, que la clasificación está vigente y que el subgrupo y la categoría son los adecuados para el contrato al que concurre. Una clasificación vencida o insuficiente para el importe del contrato no sustituye a los medios de acreditación individuales.

Integración de solvencia mediante medios externos (art. 75 LCSP)

El artículo 75 de la LCSP permite que un licitador se apoye en la solvencia de otra entidad para cumplir los requisitos exigidos. Esta integración es posible tanto para la solvencia económica como para la técnica, pero está sujeta a condiciones.

Para la solvencia técnica en contratos de obras o servicios, la entidad prestadora de la solvencia debe ejecutar directamente las partes del contrato para las que se requiere esa capacidad. Esto significa que no es posible invocar la experiencia de un tercero sin asumir un compromiso concreto de que ese tercero participará en la ejecución.

La empresa que integra solvencia mediante medios externos debe presentar un compromiso formal de la entidad que aporta la capacidad, y esa entidad debe acreditar que cumple los propios requisitos de solvencia exigidos en el pliego. Una alternativa frecuente a este mecanismo es la constitución de una Unión Temporal de Empresas (UTE), que permite acumular solvencia entre los integrantes.

El DEUC y la acreditación inicial: cómo funciona en la práctica

El Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) es la declaración responsable mediante la que el licitador indica, en la fase de presentación de ofertas, que cumple los requisitos de solvencia exigidos. Solo el propuesto como adjudicatario debe acreditar documentalmente esa solvencia (art. 150.2 LCSP).

Esto tiene una consecuencia práctica relevante: es posible presentar la oferta con la declaración del DEUC aunque en ese momento no se tenga toda la documentación acreditativa lista. Lo que no es posible es que, cuando el órgano de contratación la solicite, esa documentación resulte insuficiente o no coincida con lo declarado.

La inscripción en el ROLECE simplifica este proceso. Las empresas inscritas en el portal oficial del Registro Oficial de Licitadores no necesitan presentar documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera en cada procedimiento, siempre que los datos del registro estén actualizados. Para el procedimiento abierto simplificado, la inscripción en el ROLECE o en el registro autonómico equivalente es obligatoria.

Analizar los requisitos de solvencia de un pliego concreto antes de preparar la oferta ahorra tiempo y reduce el riesgo de exclusión. La asistente Vera de Tendios puede resumir los requisitos de solvencia de una licitación directamente desde el pliego, lo que facilita una evaluación rápida de si la empresa cumple o no los criterios antes de invertir recursos en preparar la oferta.

Errores más frecuentes que generan exclusiones por solvencia

Conocer los errores habituales es tan valioso como conocer los requisitos. Estos son los que con más frecuencia aparecen en expedientes de contratación:

Período de referencia incorrecto. Incluir contratos o facturación fuera del período admitido (3 años en servicios, 5 años en obras y suministros, salvo modificación) es motivo de exclusión cuando el pliego no permite subsanación.

Importes totales insuficientes. Aportar una lista de servicios o suministros cuya suma no alcanza el umbral mínimo establecido en el pliego, aunque individualmente los contratos sean relevantes.

Datos incompletos en la relación de contratos. Omitir el importe, la fecha de finalización o el destinatario en la lista de servicios ejecutados. En muchos procedimientos, la información incompleta no es subsanable si afecta a los criterios de solvencia.

Clasificación insuficiente o vencida. Presentar una clasificación de categoría inferior a la exigida para el importe del contrato, o una clasificación que ha caducado por falta de renovación.

No verificar la solvencia en integración de medios externos. Invocar la capacidad de otra empresa (art. 75 LCSP) sin aportar el compromiso formal de esa entidad ni acreditar que la propia entidad prestadora cumple los requisitos de solvencia.

Confundir solvencia con habilitación profesional. La habilitación profesional es un requisito de capacidad (art. 65 LCSP), no de solvencia. No puede suplirse mediante los mecanismos del art. 75. Son requisitos distintos que deben cumplirse de forma independiente.

Preguntas frecuentes sobre solvencia en licitaciones públicas

¿Cuál es la diferencia entre solvencia técnica y económica?

La solvencia económica y financiera acredita que la empresa tiene la capacidad financiera para asumir el contrato (facturación, cuentas anuales, seguros). La solvencia técnica o profesional acredita que la empresa tiene la experiencia y los medios técnicos para ejecutarlo correctamente (relación de contratos anteriores, certificados, recursos materiales o humanos). Ambas deben cumplirse según lo que exija el pliego.

¿Qué ocurre si no cumplo la solvencia mínima exigida?

La oferta queda excluida del procedimiento. Esta exclusión se produce en la fase de valoración documental y es anterior a la evaluación de los criterios de adjudicación, por lo que la calidad técnica o el precio de la oferta no influyen. Es una causa de exclusión objetiva.

¿Puedo apoyarme en la solvencia de otra empresa?

Sí, mediante el mecanismo del artículo 75 de la LCSP. Debes acreditar que tendrás acceso efectivo a esos medios y aportar el compromiso formal de la entidad prestadora. Para solvencia técnica en obras o servicios, esa entidad debe ejecutar directamente la parte del contrato para la que aporta la capacidad.

¿La clasificación empresarial sustituye a la solvencia técnica y económica?

Sí, cuando es aplicable. Para contratos de obras de las Administraciones Públicas con valor estimado igual o superior a 500.000 euros, la clasificación es obligatoria y sustituye a los medios individuales de acreditación de solvencia. En otros casos, puede ser una alternativa si el pliego lo establece.

¿Qué período debo considerar para acreditar la solvencia técnica en contratos de servicios?

El artículo 89 de la LCSP fija el período en los últimos tres años. Solo pueden incluirse servicios finalizados o en ejecución relevante dentro de ese período. En contratos de obras el plazo ordinario es de cinco años, y en suministros también de cinco años.

Conclusiones sobre la solvencia en licitaciones públicas

La solvencia es una condición de acceso al procedimiento, no un elemento de valoración de la oferta. Cumplirla correctamente es imprescindible para que la oferta sea evaluada. Los errores más habituales no son de fondo, sino formales: período incorrecto, datos incompletos o medios de acreditación que no coinciden con lo exigido en el pliego.

Conocer bien la distinción entre solvencia económica y técnica, entender cuándo la clasificación empresarial sustituye a la acreditación individual y saber cómo integrar la solvencia de terceros son los elementos que marcan la diferencia entre una oferta que supera el filtro documental y una que queda excluida antes de ser valorada.